El año pasado se presentó a debate un dictamen que pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, y que reúne los proyectos del Diputado Petri (Cambiemos) y de la Diputada Litza (Frente Renovador). Estamos convencidas de que esta modificación es contraria a principios constitucionales, a normativa internacional, y que violenta el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la “reinserción” social. Para sumar argumentos conversamos con Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión en Cárceles y Coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en el Programa UBA XXII.
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