La responsabilidad que nos cabe

Por Colectivo YoNoFui

Foto: Luz en la Piel/YoNoFui

La espectacularización del “caso” Lucio Dupuy, como el de Fernando Báez Sosa, la estigmatización, la demonización de las personas y las opiniones sacadas de contexto por parte de algunos medios de comunicación, no hacen más que alimentar el odio social, perpetuar las violencias que exacerban las lógicas punitivas, convirtiendo todo en un pantano que nos hace perder el foco. Necesitamos aire para pensar y elaborar como sociedad lo que esos casos nos revelan.

El pasado lunes 23 de enero el programa “La Cruel Verdad” del Canal América 24 realizó un informe acerca del crimen Lucio Dupuy para el cual utilizó, sacada de contexto, una nota publicada en el medio digital LATFEM (https://latfem.org/de-que-hablamos-cuando-decimos-reforma-judicial-transfeminista/) de la que participamos activistas y organizaciones feministas. Esa nota fue publicada diez meses antes de que sucediera la muerte de Lucio y fue una invitación a pensar los problemas del poder judicial en relación a las víctimas, a la reparación y a la búsqueda de soluciones.

En ese informe se utilizaron citas textuales de nuestras respuestas, adjudicándoselas de manera errónea a Paula Litvachky, directora del CELS. Si bien el canal se retractó en este punto, se siguió vinculando nuestra intervención al “caso” de Lucio Dupuy para afirmar que las organizaciones feministas y de DDHH pedíamos la absolución de las acusadas de matar al niño. Esto también es falso.

Esas palabras fueron escritas en enero del 2021 para responder a la pregunta: “¿De qué hablamos cuando decimos reforma judicial transfeminista?”. La respuesta se basó en las reflexiones que hicimos a partir de nuestra experiencia: “Una reforma judicial para ser verdaderamente feminista debería correr su lente de la mirada punitivista; apuntando a construir otros modos de justicias alejados de la lógica del castigo carcelario que, como sabemos, no sirve para nada, vulnera derechos y destruye los tejidos afectivos de quienes transitan por la privación de libertad” y agregamos: “Pero para eso falta, entonces se nos ocurren algunas acciones concretas que colaboren en disminuir la vulneración de derechos que el castigo por excelencia, el encierro, provoca”.

En ese marco y tras ver la inacción del Poder Judicial en relación a la revisión de causas de personas que se encontraban privadas de libertad por homicidio agravado por el vínculo y/o abandono de persona, por no haber tenido acceso al IVE (Interrupción voluntaria del embarazo) sancionada en el 2018, propusimos estas acciones concretas, entre otras:

• Revisión de causa y absolución en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para mujeres cis, personas trans, lesbianas y no binaries condenadxs por aborto y/u homicidio agravado por el vínculo y/o abandono de persona en concurso real o ideal. Ya que la Ley es de aplicación inmediata y por el momento solo ha sido de público conocimiento una resolución en el fuero platense que va en sentido.

• Desestimación de las imputaciones, en el marco de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a personas denunciadas que aún se encuentran en proceso

• Revisión de causa con perspectiva de género en hechos donde se han imputado mujeres cis, personas trans, lesbianas y no binaries acusadxs de homicidio agravado por el vínculo, cuando se defendían de su agresor.

• Revisión de causa con perspectiva de género en los procesos judiciales donde se han condenado mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binaries acusadas de homicidio agravado por el vínculo sin haber tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma al IVE (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo).

En ningún momento nos referimos al crimen de Lucio, el cual sucedió en noviembre del 2021, como ya mencionamos, 10 meses después de escrita la nota.

La manipulación y tergiversación de los medios de comunicación, la promoción de la violencia que ejercen y los ataques de odio hacia activistas y organizaciones de DD.HH., lejos de hacernos callar, nos reafirman la necesidad de insistir en nuestras palabras. Reafirmamos la autoría de esas declaraciones en tanto que manifestar opinión y hacernos preguntas es parte importante de nuestra tarea política como colectivo.

Suscribimos a cada letra y seguimos afirmando, la importancia de crear colectivamente otros modos de justicia, alejados del punitivismo, y pensar cómo responder a los conflictos sociales más allá del castigo, porque la cárcel no previene ni evita la violencia social. La cárcel destruye, no recompone, no “rehabilita”, no “reinserta”, no “resocializa”, palabras que hace mucho dejamos de usar, porque no se puede reinsertar a quien nunca se fue de la sociedad, no hay nada más “atado” a esta sociedad que una cárcel. Las cárceles hoy son centros de tortura legalizados. No es posible pretender reparar daños sosteniendo de modo naturalizado y sin juicio crítico instituciones que sólo producen más daño. Tenemos que construir otras formas de reparación.

Con esto no desresponsabilizamos a las personas por los daños que ocasionan, por el contrario, creemos en las responsabilidades singulares, colectivas, y contextualizadas.

Si queremos que algo de lo estructural se transforme, si queremos un entorno menos violento y menos odiante es necesario responsabilidad y rigurosidad a la hora de informar, ya que las palabras tienen efectos concretos en las personas, producen sentidos forman opinión y moldean prácticas.

Basta de circo y espectáculo en torno al dolor y la violencia. Exigimos compromiso con la complejidad que estas situaciones requieren.