“En adelante, la herramienta privilegiada será la represión”

Tinta Revuelta conversó con Ileana Arduino sobre algunas manifestaciones del brutal giro neoconservador que se vive en la Argentina por estos días y no sólo nos dejó este agudo diagnóstico, sino también desafíos y claves para la definición de una agenda de lucha, más y más expandida cada día.

TR: ¿Qué cambió en materia de seguridad con el nuevo gobierno?

IA:Con el nuevo gobierno definitivamente la política de seguridad, que antes venía jaqueada por la tensión entre el viejo modelo de autonomía policial que condicionó el intento por llevar adelante una política de seguridad democrática entre 2010 – 2012; adquirió un tono uniforme en torno a lo policial como único recurso, recurso que además sigue autoadministrándose, con todas las consecuencias nocivas de la irresponsabilidad política de dejar hacer. A eso se suma que el puntapié inicial de la política de seguridad fue la declaración de un decreto de emergencia en enero de 2016, a tono con la retórica de guerra contra las drogas, con una incipiente habilitación hacia la militarización del campo de la seguridad ciudadana. En este punto, la adopción de las llamadas políticas de guerra contra las drogas es aún más grave que lo ocurrido en otros países, desde el punto de vista de la calidad de la decisión.

Esto sucede porque Argentina adopta formal y legalmente esas políticas cuando el mundo entero reconoce su fracaso, lo hace en un contexto en el que,por ejemplo, hasta el propio ideólogo de esas políticas basadas en la experiencia Nixon en Estados Unidos y de ahí en adelante, reconoce que la criminalización en nombre de las drogas fue la excusa para reprimir -sin eufemismos- negros de barrios pobres. En este punto, la criminalización de los sectores populares es la agenda no tan oculta del gobierno nacional en materia de seguridad.  Eso empalma con la criminalización -preferentemente, en nombre de una versión sesgada sobre las prácticas de corrupción-  de aquellos líderes políticos que condujeron o tuvieron roles preponderantes en las experiencias del campo popular, cualesquiera sean los déficits que ellas hayan tenido.

“La criminalización de los sectores populares es la agenda no tan oculta del gobierno nacional en materia de seguridad”

La condición de presa política de Milagro Sala, detenida en forma contemporánea con la aprobación de este decreto de emergencia en seguridad, con el apoyo de las usinas mediáticas hegemónicas, facilita enormemente la tarea de disfrazar la persecución política con etiquetas criminalizantes. Este proceso tiene un activo indispensable en la conducta acompasada de un poder judicial que corea independencia pero materializa decisiones unilaterales hacia la configuración de esta escena donde la amenaza punitiva está a la orden el día. La bochornosa performance judicial ante la persecución a Hebe de Bonafini es otro ejemplo elocuente de ello.

TR:¿Creés que hay un cambio de rumbo en cuanto a las políticas de seguridad con respecto a los detenidos de lesa humanidad?  ¿En qué consiste ese cambio de rumbo?

IA:El cambio de rumbo se expresa en decisiones administrativas menores. Es elocuente que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa haya establecido como primeras acciones restablecer la posibilidad de que el personal militar preso se atienda médicamente en hospitales militares. Eso se había prohibido ni más ni menos porque desde allí se orquestaron fugas y otras formas de obstaculización. El mensaje político de quien debe gobernar el sector es lo suficientemente explícito. En la larga lista de cuestiones aún pendientes en materia de apoyo al proceso de memoria, verdad y justicia, esta decisión, en apariencia menor, debe ser leída como una posición. Eso, en un contexto donde el propio Estado -con la densidad que las palabras adquieren cuando son articuladas desde el poder- ha instituido al negacionismo como política pública. Si a eso sumamos la ostentación de trayectorias genocidas en las celebraciones de los doscientos años de la independencia, es claro que no se trata, como nunca se trató en realidad respecto del terror de estado, ni de errores, ni de exabruptos.

Esto no es una mera especulación si agregamos las decisiones para restablecer la Unidad 34 de Campo de Mayo, como un centro de detención exclusivo para militares presos por hechos de este tipo, en lugar de profundizar el proceso de justicia.

TR:¿Cómo ves esto último que mencionás, es decir,el hecho de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea el organismo que impulsó el traslado de los genocidas a una cárcel en el seno de las Fuerzas, como es Campo de Mayo, y a su vez, el mismo que ahora propone bajar la edad de punibilidad de los pibes?

“Desde el minuto cero de gestión,  el Ministro Garavano mantuvo reuniones con sectores que hacen apología del genocidio”

En este punto, es importante conocer la historia. Costó mucho sacar militares que por orden judicial estaban en unidades militares, cada uno a cargo de sus fuerzas, con choferes, con traslados, todo tan cómodo para ellos y para las diligencias judiciales, como irritante para las víctimas. Entre 2006 y 2010 el Poder Ejecutivo desplegó una política activa hacia la concreción del objetivo de cárcel común, que no tiene nada que ver con la venganza sino con la igualdad que no tolera privilegios. Ese proceso, que conozco en detalle porque me tocó en parte la responsabilidad de llevarlo adelante, estuvo plagado de confrontaciones entre actores judiciales, sectores corporativos de las fuerzas armadas, de un lado, y la decisión de avanzar del Poder Ejecutivo, del otro lado. Y fue incompleto, entendido como disputa. Los gobiernos venideros tenían sin embargo, cimientos fuertes para profundizar una política de fin del privilegio. No es lo que está sucediendo. Desde el minuto cero de gestión el Ministro Garavano mantuvo reuniones con sectores que hacen apología del genocidio -conocido por cierto por las declaraciones de Cecilia Pando-  más no por vocación republicana del Ministro, que pretendió ocultarlo; permanentemente hay noticias de lobbies ante los estrados judiciales locales e internacionales insistiendo con la morigeración de las condiciones de detenciones. El acompasamiento del poder judicial con el proceso criminalizante de la política, al que me refería en la pregunta primera, tiene su correlato ante este sector, expresado en el relajamiento de condiciones de detención, devolución de privilegios, como vengo señalando.

TR:¿Crees que el traslado a Campo de Mayo es el primer paso para el arresto domiciliario de los genocidas?

IA: No puedo especular con eso, quizás no sea condición necesaria, sencillamente creo que se despliegan distintas estrategias. Lo determinante es observar la conducta judicial porque independientemente de donde se ubiquen físicamente como detenidos, la decisión final sobre el arresto domiciliario se toma ahí. Ahora, si sucede que los certificados médicos -como ocurría en otros tiempos- son lábiles, están firmados por personal militar que no está para eso o el poder judicial encuentra comodidad en responder al lobby de los propios sectores del poder ejecutivo comprometidos con la agenda filogenocida que expresa parte de la coalición de Cambiemos, probablemente sean movimientos dirigidos a preparar la escena.

TR:Notamos una gran preocupación por parte de los organismos de DDHH para que los genocidas no se beneficien con el arresto domiciliario y permanezcan en cárceles comunes. Pero a su vez notamos una gran indiferencia por el hecho de que a las mujeres privadas de libertad se le vulneraran todos sus derechos cuando fueron violentamente trasladadas desde la Unidad 31 a otro penal, para alojar allí a los genocidas, que en lugar de ser destinados a una prisión de varones común, fueron alojados en un penal de mínima seguridad, construida para alojar mujeres y niños, como es la U31. ¿Qué pensás de esto?

IA: Uno de los grandes desafíos políticos de nuestra democracia es poder capitalizar toda la experiencia reivindicativa y conceptual en materia de DDHH gestada al calor de la lucha por la justicia la memoria y la verdad, o anti-impunidad en un sentido amplio, en las agendas del presente. Cuando vemos la intencionalidad política de la criminalización de las drogas, de la implementación de estrategias bélicas que apuntan a los sectores más vulnerables, es claro que la gran asignatura es poder politizar la lectura sobre esas prácticas. No se trata de reconocer sólo como víctimas en forma individual, en términos de género, condición migrante, raza y clase a un enorme contingente de mujeres a escala mundial, sino de poder comprender la dimensión colectiva que esconde ese fenómeno y los costos en términos de nuestras propias libertades, de nuestras condiciones como comunidades, frente a la falta de comprensión y empatía respecto de lo que hay en juego. La construcción de unxsotrxsantagónicxs, demonizadxs a través de la criminalización, es quizás una de las estrategias más remanidas pero más eficaces de control social. Generar nuevos sentidos, horizontes de comprensión sobre lo que encierra, por ejemplo, el fenómeno del encarcelamiento masivo, no con miserabilismo, sino con lucidez para poner ese adentro en relación con el afuera, es el desafío.

TR:¿Vemos que aumentan las fuerzas de seguridad, y el estado decrece: ¿cómo ves esta relación?

El aumento de policías no es nuevo,es sostenido, y en algún sentido indetenible. En la medida en que las políticas de seguridad se limiten a lo policial y que la política en su conjunto se securitice -por muchas vías- eso parece un desenlace bastante obvio. Esto de la securitización de la política podemos verlo bien concretamente en la relación que el nuevo gobierno planteó desde el inicio – curiosamente junto con la declaración de guerra al delito- frente al conflicto social.En adelante, la herramienta privilegiada será la represión, decisión materializada en ese mal llamado protocolo de protestas. Del otro lado, tenemos desmantelamiento de paritarias, reducción notable de las áreas del estadoque aseguran intervenciones territoriales ligadas a la protección de derechos, flexibilización laboral, políticas de pulverización del mercado interno, de la capacidad de consumo, etc. todas, cuestiones que nadie ignora, son condiciones inexorables para que el conflicto estalle, se multiplique, se agudice. Y es dramático porque reinstala la dinámica del exterminio en detrimento de la resolución de problemas, de la atención de necesidades, etc.

TR: Cárcel para migrantes, ley de flagrancia, reforma de la ley de ejecución penal, renovación obligatoria de documentación: ¿es todo parte de un mismo plan?

IA: Sí, indican la tónica monocorde punitiva del proceso político actual que todo lo vehiculiza a través de herramientas penales, criminalizantes. De paso se satisface un entusiasmo nada despreciable de adherentes a ideas racistas, xenófobas, de cuya gravitación en la escena política quizás estamos tomando nota sobre la marcha, pero evidentemente poseen raíces mucho más profundas.

TR: En cuanto a la formación de las fuerzas de seguridad, sigue siendo algo cerrado o hay posibilidad de que civiles participen de los planes de estudio y formación?

Hay civiles hace tiempo en casi todas las instancias de formación. El esencialismo no es buen consejero, no se trata exclusivamente de esa participación, sino de procesos extremadamente más complejos que reclaman alineación entre los procesos de formación y los objetivos políticos, especificas formas de gobierno sobre la política educativa, que además deben ser permanentes. En ese punto, tampoco resultan útiles los enfoques que sobregiran la política de formación, fetichizándola, si lo que ella produce no encuentra recepción en los escenarios concretos en los que se despliegan  las políticas de seguridad que se implementan a través del recurso policial.

TR: ¿Crees que hay mayor permeabilidad entre las integrantes femeninas de cualquier fuerza de Seguridad ante la instrucción o capacitación en materia de derechos humanos o cuestiones de género? ¿Teniendo en cuenta el clima social con respecto a #NiUnaMenos, algo de eso se percibe?

IA:No estoy en contacto directo con ellas desde que estas movilizaciones comenzaron. Lo que sí quiero aprovechar a propósito de la pregunta es también llamar la atención sobre las limitaciones de la política de género cuando es reducida a la incorporación de mujeres. Por otro lado, la expectativa estereotipada de que las mujeres por su condición de tales son más sensibles o más permeables a ciertas agendas que los varones, perdiendo de vista todos los enormes avances que ha habido desde la teoría pero también desde la militancia en desarticular los reduccionismos binarios. Es cierto que es muy de las políticas de género, del mainstream poner el supuesto diferencial femenino como valor agregado, y eso conduce a lo que llamo las políticas de género como adorno, un touch, y no procesos reales de transformación institucional con relaciones de equidad. En el procedimiento a las compañeras que se quedaron en tetas en la playa, la intervención quizás más agresiva y violenta, por la amenaza de los “ganchos” fue de una policía mujer, por poner un ejemplo concreto de que esa relación automática o esa expectativa de afinidad, sensibilidad, etc., es equivocada.

TR: Una última pregunta en relación al 8M Paro Internacional de Mujeres: ¿Creés que es el tiempo de las mujeres? ¿Cómo vivís este momento?

IA: Lo vivo con entusiasmo, creo que se van viendo avances notables en la percepción desde la victimización hacia las acciones reivindicatorias. Creo que el desafío en el contexto de brutal de reacción neoconservadora es poder mantener presente la centralidad de las intersecciones, que junto con la condición de género exponen a algunas vidas a riesgos distintos, al desprecio y la negación incluso. Me refiero a la condición migrante, sexualidades no hegemónicas, etc.

También hay la necesidad,en tiempos de retracción de derechos, de retirada, de sostener la demanda activa y eso implica organizar las capacidades alrededor de la lucha, y habemos quienes estamos en mejores condiciones de acompañar esa capacidad de reclamo porque, bueno… esos procesos brutales no nos han atropellado del todo, me parece importante construir permanentemente formas de mantener vigorosa la demanda por el acceso a derechos de todo tipo.

* Ileana Arduino: Abogada UBA con orientación en derecho penal. Actualmente se desempeña como prosecretaría letrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ex secretaria de Políticas de prevención y relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y directora de DDHH del Ministerio de defensa. Fue subdirectora de INECIP.